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PERIODISMO: Editorial desprotegidos

La sentencia por difamación dictada contra el periodista Pedro Salinas es un torpedo contra la libertad de expresión.

El Primer Juzgado Unipersonal Penal de Piura condenó a un año de prisión suspendida al periodista Pedro Salinas el pasado 8 de abril por el delito de difamación agravada. (Foto: GEC).

Hace unos días se hizo pública la sentencia dictada el pasado 8 de abril por la jueza del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Piura, Judith Cueva Calle, en contra del periodista Pedro Salinas –un año de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de S/80 mil, entre otras disposiciones–, por difamación agravada en contra de José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

Dicho delito se habría configurado en algunas declaraciones hechas por Salinas en artículos y entrevistas en medios de prensa en los que atribuía al señor Eguren dos hechos: ser uno de los responsables, junto con otros clérigos, del sistema de abusos que operó dentro del SVC, tal y como se ha ido conociendo a lo largo de los años por distintas denuncias de ex integrantes del grupo religioso y por un libro del propio Salinas (“Mitad monjes, mitad soldados”), y estar involucrado en una trama de tráfico de terrenos en Piura, basándose en un reportaje de la cadena de noticias Al Yazira y en el libro “El origen de la hidra” del periodista Charlie Becerra.

Según la magistrada, Salinas se ha referido al señor Eguren con “adjetivos que dañan o menoscaban el honor o la buena reputación” de este. E indica también que el comunicador exhibió un “ánimo doloso” al hacerlo a través de medios de prensa.

Como en todo delito contra el honor, lo que está en juego aquí es una pugna entre, por un lado, el derecho al buen nombre de un ciudadano y, por el otro, el derecho a la libertad de expresión. Ambos, ciertamente, reconocidos por el ordenamiento jurídico peruano. Sorprende por ello la precaria motivación de la jueza al momento de sustentar el sentido de su fallo