La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que investigó los incidentes ocurridos en las protestas de finales de 2020 en Perú concluyó hoy que la policía “hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza” y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos.
“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales”, aseguró en un comunicado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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El 9 de noviembre, el Congreso de Perú destituyó al entonces presidente del país, Martín Vizcarra, al que relevó en el cargo el jefe del Parlamento, Manuel Merino.
La decisión desató una oleada de protestas sociales que dejaron dos muertos y cientos de heridos, obligando a Merino a dimitir cinco días después de asumir y a la designación de un nuevo mandatario, el centrista Francisco Sagasti.
En un informe publicado este martes, la oficina de Naciones Unidas con sede en Ginebra apunta que las fuerzas del orden no distinguieron entre manifestantes pacíficos -”la mayoría”- y aquellos que “presuntamente” actuaron de forma violenta.
“La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia”, señala el comunicado.
Otros de los incumplimientos apuntados son la falta de identificación de los policías vestidos de civil al realizar arrestos; la ausencia de asistencia legal de los detenidos, algunos de los cuales se autoinculparon bajo presión; y las condiciones degradantes de detención.
“Diez detenidos relataron a la misión de la ONU haber sufrido abusos físicos y ocho señalaron presuntos abusos psicológicos”, destaca el comunicado de la oficina, a cuya misión también se le informó de “ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres”.
Bachelet destacó el inicio por las autoridades de algunas investigaciones preliminares y que el gobierno reconociera la comisión de violaciones, pero instó a investigar “todas las denuncias” de manera “rápida, independiente y exhaustiva”.
“Es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, agregó la Alta Comisionada, que también expresó su preocupación por los “patrones de violencia institucional” durante las recientes protestas de trabajadores agrarios.
