La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, refirió que el Parlamento debe determinar cuál es su función fiscalizadora en las prisiones del país, ya que se conoció que cinco congresistas de Unión por el Perú (UPP) se valieron de ello para visitar a Antauro Humala en el penal Ancón II con el objetivo de coordinar temas políticos.
“Los congresistas tienen una potestad de fiscalizar, pero la pregunta es: ¿el hecho de ingresar repetidamente a pretender reunirse con una persona, podemos alegar que es potestad de fiscalización? Hay que invocar al Congreso a autorregularse y plantear cuáles son los alcances de su potestad de fiscalización”, declaró a RPP.
Cabe recordar que los parlamentarios de la bancada de UPP Jim Mamani Barriga, Rubén Ramos Zapana, Javier Mendoza Marquina, José Vega e Isabel Bartolo Romero ingresaron a Ancón II para organizar con el etnocacerista la nueva moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.
Tras conocerse este hecho, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió trasladar a Humala Tasso al penal Ancón I mientras se realizan las indagaciones por las visitas y llamadas de carácter político.
“Como medida de seguridad se dispuso el traslado al penal Ancón I. Además de eso, se dispuso el aislamiento por siete días y la separación de quienes habían estado encargados de su seguridad porque habrían aparentemente fallado en su gestión”, detalló Neyra.
Asimismo, al ser consultada si habrá una sanción, la ministra comentó que cuando culmine el procedimiento investigador, se determinarán las acciones contra Antauro Humala, quien cumple una condena de 19 años por rebelión y homicidio simple.
“Eso es justamente lo que tiene que dilucidar el consejo técnico del penal. Lo que corresponde es una investigación, todo esto hay que dilucidarlo, verificarlo las cámaras, con la información y según eso se determinan las medidas que correspondan”, aclaró.
Martín Vizcarra colaborará con todas las investigaciones en su contra, asegura Neyra
Acerca de las últimas informaciones que señalarían al exministro de Agricultura, José Hernández, como intermediario de Martín Vizcarra para la recepción de dinero ilícito cuando era gobernador regional de Moquegua, Ana Neyra manifestó que son hechos por corroborar.
“Todos estos hechos tienen que ser investigados y el presidente se ha puesto a disposición para que se hagan todas las investigaciones posibles. Sobre los hechos del colaborador eficaz, al final son temas que no tenemos comprobados. En todo caso, si fuera cierto, la idea es que se investigue cuál es la responsabilidad de cada persona, incluido el presidente de la República”, sostuvo.
Agregó que desde el Gabinete Ministerial apoyan las pesquisas para que se aclare lo acontecido. “Somos plenamente respetuosos de la estabilidad, Constitución, del Estado de derecho. Bajo ningún concepto vamos a pretender afectar el orden constitucional o el Estado de derecho. Todos nos damos cuenta quiénes actúan en pro de la democracia y quiénes no”, dijo.
