Luciana León, integrante de la Comisión Permanente, también hizo gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) por obras en las que la Municipalidad de La Victoria (MLV) estaba interesada.
Para la fiscalía, León era el ‘brazo político-legal’ de la organización criminal Los Intocables Ediles, presuntamente encabezada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba.
El exministro de Vivienda Carlos Bruce confirmó a El Comercio que la reunión se dio tras un pedido de León, actualmente con licencia en el Partido Aprista. Sostuvo que delegó el caso porque “era necesario que se viera en detalle el proyecto que ella solicitaba”.
Este Diario accedió a un audio del 2018 entre Betsy Matos, entonces asesora de León, y el detenido empresario Alexander Peña, presunto miembro de Los Intocables Ediles. En la grabación, ambos hablan sobre un proyecto en la avenida Bausate y Meza de La Victoria, a cargo de la cartera de Vivienda. Un día después del diálogo, Matos ingresó a la sede del ministerio con dos funcionarios del municipio.
La conversación telefónica es del 9 de enero del 2018. En ella se escucha a Matos informarle a Peña que había “estado en una reunión con el ministro [Bruno] Giuffra [de Transportes y Comunicaciones]” y que este le comunicó que “el tema de Bausate y Meza” no le correspondía a su cartera y que “lo han pasado a Vivienda”. También le precisa a Peña que “todos estos temas, que son tramos locales y urbanos, han pasado ya no a Transportes, sino a Vivienda”.
Actualmente, Peña está detenido por la indagación del Caso Los Intocables Ediles. La fiscalía lo acusa de ser el presunto financista y operador de la organización.
Según el testimonio de un colaborador eficaz, Peña habría entregado mensualmente a León y Matos entre S/15 mil y S/20 mil “por el apoyo brindado con la gestión del financiamiento de obras públicas” de la MLV.
El 10 de enero del 2018, al día siguiente del diálogo, en el libro de visitas del MVCS se registró el ingreso de Matos junto al exgerente municipal de La Victoria Víctor Muchaypiña –hoy detenido– y Luis Miguel Olivares, exsubgerente de Obras Públicas del distrito.
La “reunión de trabajo” se llevó a cabo con Alfredo Lozada, quien era jefe del gabinete de asesores del ministro Bruce. En diálogo con este Diario, Lozada no recordó específicamente el proyecto en el que Matos y los funcionarios de La Victoria estaban interesados, pero precisó que giraba en torno al Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y que “se encontraba en una etapa muy incipiente”.
Bruce dijo a El Comercio que le “llamó la atención” que León le hiciera un requerimiento para el programa de barrios cuando La Victoria no tenía el perfil de distrito de “extrema pobreza, que era a lo que más apuntaba el programa”.
Tanto Lozada como Bruce coincidieron en que, hasta el término de su gestión –en abril del 2018–, el pedido de León no había recibido presupuesto.
Este Diario accedió a un documento con el detalle de un proyecto en el que la MLV estaba interesada: el “servicio de transitabilidad” de un tramo entre las avenidas Paseo de la República y Bausate y Meza, cuyo valor de inversión superaba los S/20 millones. En este, Luis Olivares, presente en la reunión en Vivienda, aparece como “responsable de la unidad formuladora de la MLV”.
A través de un correo, Olivares ha explicado que estuvo en el encuentro “como técnico” y a pedido de Muchaypiña. Indicó que “no se habló de ningún proyecto” en específico.
Los abogados de Luciana León y Alexander Peña –Bryan Kabsther y Yuri Flores, respectivamente– no declararon. La abogada de Matos, Gisella Ruiz, se excusó “a fin de proteger la reserva de la investigación”. El abogado de Muchaypiña, José Quiñones, sostuvo que no cuenta con información porque “el Ministerio Público no ha interrogado” respecto a esta visita.
Luciana León es acusada de haber recibido entre S/15 mil y S/20 mil mensuales –en efectivo– por sus gestiones a favor de la Municipalidad de La Victoria.
La congresista, Betsy Matos y el exgerente municipal de La Victoria Víctor Muchaypiña ingresaron juntos a una reunión en el Ministerio de Economía en el 2018. Muchaypiña se registró como trabajador del Congreso.
Por su rango, la Fiscalía Suprema investiga las responsabilidades de León. En tanto, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia se avoca a los otros exfuncionarios implicados.
